LA TRANSICIÓN
1.- LA INSTAURACIÓN MONÁRQUICA
Franco muere el 20 de Noviembre de 1975. Se activa la “Operación Lucero” (para impedir la alteración del orden público) y, dos días después, el príncipe Juan Carlos es coronado Rey de España. La esperanza democrática se generaliza en el país.
En ese mismo acto, el Rey desvela algunas de las incógnitas de lo que sería el futuro gobierno, ofreciendo una monarquía integradora de todos los españoles, apoyando una salida democrática (sorprendiendo a muchos…, realizando el proyecto de su padre). Y sería apoyado por la Iglesia, sobre todo por su presidente (Vicente Enrique Tarancón).
Arias Navarro seguía representando al búnker y, como tal, siempre trató de oponerse a cualquier tentativa democrática. Sin embargo, el Rey le mantuvo al frente del gobierno; mientras en las Cortes nombraba a una persona de su confianza, T. Fernández Miranda, desde donde podría preparar mejor el cambio. Ambigüedad presente en el primer gobierno de la monarquía, pues incluía a continuistas, aperturistas y reformistas democristianos.
El principal problema de esta etapa eran las confusas declaraciones de Arias, pues tan pronto hablaba de un proceso constituyente como decía lo contrario. Esta decepción movilizó a las fuerzas democráticas, que exigían la amnistía y la eliminación de las restricciones a las libertades públicas. Mientras se endureció la represión debido a varios conflictos y al endurecimiento de las acciones etarras. A la vez que el país se sumía en una crisis energética, inflacionista, con altas tasas de paro y caída del PIB y Balanza Comercial.
1.2.- Fin de Arias Navarro y primer gobierno de Suárez
Mientras la Platajunta pugnaba por conseguir la democracia, casi todos coincidían en que Arias no podía ignorar la realidad social del país.
En 1976, las Cortes inician el debate sobre la futura Ley de Asociaciones, proyecto defendido por Adolfo Suárez, cuya intervención resultó un magnífico alegato en defensa de las libertades políticas. La ley fue aprobada por mayoría, aunque había que cambiar el Código Penal, que aún consideraba ilegales a los partidos...
España descubrió entonces a un joven político, Suárez, que podía dar un giro a esa situación incierta: con un Gobierno desunido y una oposición expectante. Sólo hacía falta promover un cambio desde arriba: y eso ocurrió en ese mismo de junio de 1976, en el viaje de los reyes a EEUU, cuando Juan Carlos anunció ante el Congreso de los EEUU que estimularía las libertades y la democracia. Así pues, había coincidencia entre el Rey y Suárez, por lo que Arias decide presentar su dimisión (era continuista…), que es aceptada por Juan Carlos, quien elige a Suárez el 3 de julio como nuevo presidente de Gobierno: lo que a muchos sorprendió, otros consideraron un error (tanto de la izquierda como de la derecha) y algunos aprobaron (incluyendo a los inmovilistas, que no desconfiaban de él por proceder del Movimiento…). El papel desempeñado por Fernández Miranda fue clave.
Sin embargo, pocos días después daba a conocer su nuevo gabinete, integrado en su mayoría por personalidades de ideología democristiana y centrista (Marcelino Oreja, Abril Martorell, Leopoldo Calvo Sotelo, Landelino Lavilla, Alfonso Osorio, etc.); si exceptuamos a los militares en la vicepresidencia y en las carteras del Ejército y Marina, o a R. Martín Villa, ligado al gobierno anterior.
Los objetivos de este gobierno fueron claros:
Promover la reforma democrática, para lo que debía contar con todas las fuerzas políticas y realizar cambios legislativos.
Posibilitar la participación política, legalizando los partidos los partidos y amnistiando a los presos políticos (excepto los condenados por delitos de sangre).
Someter a referéndum la reforma política, en base a la soberanía nacional.
Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Reconocer los particularismos regionalistas y hacer posible sus deseos autonómicos (pero dentro de la unidad de España).
Propuestas que fueron acogidas con confianza por la mayoría (exceptuando a los ultras…), sobre todo cuando poco después (agosto) se puso en práctica la mencionada amnistía general.
Suárez se puso en contacto con los dirigentes de partidos aún no legalizados (Tierno Galván y Raúl Morodo del PSP, Ruiz Giménez de Izquierda Democrática y Felipe González del PSOE), con miembros de los sindicatos (UGT y USO) y altos mandos militares (nerviosos muchos de ellos por esas legitimaciones, especialmente porque pronto sería legalizado el PCE, algo que no agradaba a una oficialidad fiel a los prejuicios del régimen anterior).
2.- LA REFORMA POLÍTICA
Las fuerzas políticas españolas planteaban diferentes posibilidades para programar el cambio político:
Rechazo al cambio, por parte de sectores inmovilistas, que deseaban la continuidad del anterior sistema franquista (sin Franco…).
Continuidad, pero con tímidas reformas. Planteo defendido por el sector aperturista del franquismo (incluyendo a Arias Navarro y Fraga).
Reformismo: posibilidad planteada por un sector conservador de la oposición, que pactaría con los sectores aperturistas del franquismo. Este proceso debería contar con un respaldo jurídico, para lo cual se elaboró una Ley de Reforma Política, y también habría de ser apoyado por el pleno delas Cortes elegidas democráticamente. Aquí se incluye a Suárez.
Ruptura total con el franquismo. Defendida por casi toda la oposición democrática del interior y del exilio (desde la Democracia Cristiana hasta la izquierda más radical, pasando por el PSOE y PCE).
En los meses que siguen a la muerte del dictador, surgió la controversia sobre cual de las formular sería viable, entre las que se imponen las dos últimas. Al final, se llevó a cabo una reforma que vino impuesta desde arriba por los reformistas (con el Rey, Torcuato Fernández Miranda y Suárez al frente), que buscaron el consenso de las restantes fuerzas democráticas.
Pero esa Reforma había que hacerse dentro de la legalidad vigente, por lo que se elabora la Ley para la Reforma Política, donde se reflejaba la sustitución del sistema dictatorial por el democrático, cuyo contenido puede resumirse en tres partes:
a. Fundamentos políticos: donde se recoge la afirmación de la democracia, de la soberanía popular (mediante sufragio universal directo y secreto), la supremacía de la ley y la inviolabilidad de los derechos humanos (por encima de cualquier institución).
b. Fundamentos institucionales: que establecen la función del Rey y del Gobierno, y la composición de las Cortes (bicamerales y autónomas, elegidas por sufragio universal).
c. Proceso de la propia reforma política: establecía la elaboración de un texto constitucional por el Gobierno y por las Cortes, debatido y aprobado en ambas Cámaras, y sometido después a referéndum popular.
Adolfo Suárez presentó su proyecto de reforma política a primeros de septiembre de 1976, en un clima de crispación política (con numerosos atentados ultras y etarras). Y tenían que dar su aprobación tanto las Cortes (con muchos representantes aún inmovilistas, que se oponían), como el Consejo General del Movimiento (que desaparecerá con la reforma) y el ejército (donde había todavía una oposición a las citadas legalizaciones, lo que motiva la dimisión del vicepresidente del gobierno, el general De Santiago; sustituido por Gutiérrez Mellado, que llevaría a cabo la democratización del ejército).
Por fin, el 18-XI-1976, las Cortes aprueban el proyecto por mayoría (con la oposición del procurador ultraderechista Blas Piñar, cuyos argumentos no surtieron efecto). Sólo faltaba el mencionado referéndum (al que se oponía la derecha; y con la petición de abstención a cargo de la izquierda, porque aún no habían sido legalizados). Referéndum que se celebró el 15 de diciembre, con una participación del 77 %, triunfando los partidarios de la reforma: el 94,2 % votó que sí.
Tan sólo quedaba legalizar a los partidos y convocar elecciones. A partir de ese momento las Cortes llevarían a cabo los cambios legislativos necesarios para establecer una democracia real, respaldada por una Constitución escrita elaborada mediante consenso. Pero los extremistas de ambos bandos pretenden que una hubiese transición democrática. Y así, en los primeros meses de 1977 secuestran (los GRAPOS) y asesinan (los ultras, a cinco abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE) con el fin de provocar al ejército, para que diesen un golpe de estado y acabaran las reformas. Sin embargo, la respuesta castrense y de los comunista fue de serenidad, y el secuestro se resolvió por vía policial.
En febrero se legalizaron los partidos políticos (8-2-1977); salvo el PCE, que sería autorizado en Semana Santa (con gran malestar del ejército, donde se produjeron dimisiones). Y, una vez que éstos (en la primera reunión del PCE) aceptan la bandera y la monarquía, se tranquilizan los militares y el Gobierno. En marzo se legitimaron los sindicatos.
3.- LAS ELECCIONES DE 1977 Y EL PROCESO CONSTITUYENTE
El 15-VI-1977 se celebraron los primeros comicios democráticos desde la Segunda República, con la participación de más de un centenar de partidos de todas las ideologías. Veamos el proceso:
3.1.- Las Partidos
- UCD (Unión de Centro Democrático): coalición de elementos democristianos, liberales y socialdemócratas; surgida a partir de varios grupos políticos y algunas asociaciones regionalistas (AREX: Acción Regionalista Extremeña). A esta compleja coalición se unieron Adolfo Suárez y otros políticos de la etapa final del franquismo.
Adolfo Suárez infundió a la coalición un carácter centrista (aunque toma elementos de izquierda, en realidad era un partido de derechas y democristiano), creado desde el poder para que su máximo líder, Adolfo Suárez, se pudiera mantener (a la larga, ese fue el error…).
Defendía la democracia, la economía de mercado, la propiedad privada, la familia,…, y un modelo de sociedad capitalista, liberal y democrática.
- PSOE (Partido Socialista Obrero Español): era el partido de mayor solera de España cuando fue legalizado en 1976 (casi un siglo). Renovado y dirigido por Felipe González desde el Congreso de Suresnes (1974), con Alfonso Guerra, Enrique Mújica, Javier Solana y otros en la ejecutiva (la mayoría contaba con menos de 40 años de edad).
Se definía como antifranquista, partido de clase, democrático y marxista (aunque Felipe y otros reconocían su carácter socialdemócrata, similar al de otros partidos socialistas europeos).
- PSP (Partido Socialista Popular): fundado y dirigido por Tierno Galván, que no difería del PSOE (representó al socialismo dentro de España durante le franquismo). Prefería consolidar el marxismo sobre las bases ideológicas tradicionales, lo que provocó algunas desavenencias con el PSOE, finalmente resueltas con la refundición de los dos en 1977.
- AP (Alianza Popular): surgió de una coalición electoral de fuerzas lideradas por antiguos cargos del franquismo (Arias Navarro, Fraga Iribarne, López Rodó, etc.), por cuyo motivo fue tachado de franquista; si bien, la mayoría estaba en disposición de aceptar el nuevo sistema.
Su ideología resumía los valores que había defendido el régimen anterior: autoritarismo, orden y el anticomunismo; católico y defensor de la economía de mercado; conservador, pero que aceptaba el juego democrático para asegurar su propia supervivencia.
- PCE (Partido Comunista de España): su líder natural era Santiago Carrillo, de ideología eurocomunista (entre el socialismo democrático y el comunismo autoritario). Defendía el control estatal de la economía, en la línea socialista (por lo que fue criticado por el PSOE, ya que se inmiscuía en su línea de programa). Fue el partido que más costó legalizar.
3.2.- Las Elecciones del 15-J
La Ley Electoral del 18 de Marzo fue el resultado del consenso entre partidos y el Gobierno. Según la normativa, todos tendrían derecho a publicidad gratuita y cada uno recibiría fondos en función de los votos y escaños obtenidos.
Habría un sistema proporcional corregido (que garantizaba la representación de las provincias menos pobladas), y se exigía un mínimo del 3 % de los votos emitidos para conseguir un escaño. El número de senadores era fijo: cuatro por provincia. El sistema de listas fue cerrado: lo que permitía el poder de los partidos sobre sus militantes, ya que sólo saldrían elegidos los candidatos situados en los primeros lugares (y el orden de las listas era impuesto por el partido).
Después de una intensa campaña de mítines y pegadas de carteles, votó casi el 80 % del electorado (algo más que en el referéndum).
Los resultados mostraron una concentración de votos en los principales partidos que presentaban la opción moderada de centro (UCD) y de izquierda (PSOE). Los nacionalistas alcanzaron unos resultados modestos.
En la práctica, era una retorno al típico bipartidismo español. Y así, la UCD (centro-derecha) consigue el 34 % de los votos, mientras que el PSOE (centro-izquierda) alcanza el 28,5 %. Los radicales de izquierda y derecha apenas obtienen representación, mientras el PCE y AP sólo obtienen unos modestos resultados (9 % y 8 % de los votos, respectivamente).
España recuperaba la libertad y la democracia, pero restaba la dura tarea de consolidar las estructuras en todos los planos a partir de una Constitución, atendiendo además las exigencias autonomistas (que inician su reconocimiento, caso de la Generalitat de Cataluña) y a la grave crisis económica (ésta se intenta resolver mediante un acuerdo entre los partidos políticos -excepto AP- en el famoso Pacto de la Moncloa -octubre de 1977-).
El 13 de julio de 1977 se inauguran las nuevas Cortes democráticas, cuyo primer objetivo fue el de elaborar la deseada Constitución. Con ese fin, a finales de julio quedó constituida una Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por 36 parlamentarios (en número proporcional a los escaños obtenidos en el Parlamento); que encargó la elaboración de un anteproyecto a un grupo (siete) de diputados expertos, con preparación jurídica suficiente (3 de UCD, y uno de cada una de las demás fuerzas importantes: PSOE, PCE, AP y minorías nacionalistas).
LA DEMOCRACIA
1.- EL PACTO DE LA MONCLOA
Según decíamos, se firmó para resolver la grave crisis económica existente. Y sus principios básicos se basaban en la contención de la inflación mediante la moderación salarial y la limitación del crédito, frenar el paro con la promoción de obras públicas, extender el seguro de desempleo a todos los parados, control de los precios y otras medidas sociales.
Sin embargo, aunque lo primero se consiguió (la inflación, mejora de la Balanza de Pagos, incremento de divisas y reforzamiento de la peseta), otros aspectos no: como el paro, que subió.
Urgía una reforma fiscal justa, por lo que se presenta la Ley de Medidas Urgentes y un Plan para el Saneamiento y la Reforma Económica, aprobándose los dos primeros proyectos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (con el fin de que pagara más quien más tuviera) y el Impuesto de Sociedades. Otros proyectos se paralizan, ante la grave crisis industrial derivada de la Crisis del Petróleo (iniciada en 1973, pero que perduraba).
2.- REDACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
La constitución aprobada en diciembre de 1978, fue el resultado de un acuerdo y del consenso de la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Las Cortes elegidas en 1977 contaron con la presidencia del extremeño A. Hernández Gil, que desempeño su cargo con imparcialidad. La presidencia del Congreso la ostentó Fernando Álvarez de Miranda, y la del senado Antonio Fontán.
La redacción fue complicada, en medio de problemas regionales, económicos y terroristas. UCD pretendía que fuera un texto corto, que defendiese la monarquía y remitiese a leyes orgánicas el desarrollo constitucional; mientras el PSOE se manifestaba republicano, y exigió una extensa enumeración de derechos e intenciones. En tanto que AP se manifestaba favor de una reforma de las leyes franquistas, el PCE insistía en los contenidos sociales y en las libertades políticas, y los catalanes actuaron de moderadores e insistían en la singularidad de Cataluña.
* Las premisas básicas de las que se partieron fueron:
- Moderación en los planteamientos, para no asustar a los inmovilistas.
- Aceptación de la monarquía parlamentaria, renunciando los partidos de izquierda a sus demandas republicanas.
- Lealtad al proceso constituyente, entendida como aceptación del marco democrático y olvido del pasado franquista.
- El consenso, con concesiones mutuas entre los partidos para redactar una Constitución en la que cupieran todos los planteamientos democráticos. Por eso es un texto largo y ambiguo en algunos artículos, lo que permite la alternancia política sin variarlos.
* Los temas más conflictivos fueron:
1. La articulación territorial: con autogobierno autonómico y restablecimiento de los estatutos aprobados con la 2ª República de Cataluña, Euskadi y Galicia, y su desarrollo posterior. El término nacionalidad sólo fue rechazado por AP.
2. El sistema electoral: UCD y AP apoyaban el modelo británico (mayoritario), pero el consenso estableció una representación proporcional, parcialmente corregida por la ley D´Hont.
3. La forma del Estado: se aceptó la fórmula planteada por los nacionalistas catalanes en lo relativo a la forma política del Estado como monarquía parlamentaria.
4. El papel de la Iglesia: el sector democristiano logró plasmar en la Constitución los deseos de la Conferencia Episcopal: Estado aconfesional, pero no laico, con mención expresa a la Iglesia católica. La actitud de la iglesia fue muy diferente a la del proceso de 1931, entre otras cosas porque la sociedad y sus sistemas de valores también había cambiado.
5. El divorcio y el aborto eran temas delicados para la Iglesia. El primero quedó emplazado a lo que dispusieran leyes posteriores; mientras el segundo se resolvió con un texto abierto, que proclamaba el derecho a la vida, pero que permitía la posterior despenalización del aborto en tres supuestos.
6. La enseñanza privada fue objeto de controversias entre los partidarios de la enseñanza pública (PSOE) y los de mantener unas subvenciones a los centros privados (UCD), que al final quedaron garantizadas.
7. Propiedad privada e intervención pública. Se reconoció el derecho a la propiedad privada y a la herencia, pero matizada por su función social; lo que fue objeto de protestas por los empresarios, pues según ellos se permitía la posibilidad de socializar la propiedad.
8. El asunto vasco. Se intentó el consenso con el PNV, que insistía en que se reconocieran los derechos forales. Pero no fue posible, provocando la oposición vasca, que pidió la abstención en el referéndum constitucional.
El 31 de octubre de 1978 las Cortes aprobaron definitivamente la Constitución. Sometida a referéndum el 6-XII-1978, fue apoyada por el 87’8 % de los votos emitidos (67’1 % del Censo).
3.- CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN
Consta de 11 títulos y 109 artículos, a los que hay que añadir las disposiciones adicionales, transitorias y derogativas. Contiene:
- Una parte dogmática: declaración o derechos fundamentales.
- Una parte orgánica: reglas sobre las formas y el funcionamiento de las instituciones y de los órganos del Estado.
* Declaración de Derechos
- El artículo 1º declara que España se constituye en un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna valores como la justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político”.
- Defensa de la libertad: de expresión, de enseñanza, de residencia, la presunción de inocencia, religiosa, etc.
- La igualdad ante la Ley, sin ninguna razón para la discriminación. La igualdad alude al acceso a las funciones y cargos públicos, a la igualdad de cónyuges, de los hijos ante la filiación. Se garantiza asimismo el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen; y se reconoce la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones.
- Reconoce el derecho a la propiedad y a la herencia, pero delimitando su función social.
- Y los derechos colectivos: los de sindicación, reunión y asociación. Así como los de disfrute común, es decir, los referidos al medio ambiente y al patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España.
* Instituciones del Estado
Las principales instituciones son:
a) La Corona. El Rey es el Jefe del Estado y la Corona de España corresponde a sus sucesores. El heredero recibe el título de Príncipe de Asturias. Sus funciones son: garantizar el funcionamiento regular de las instituciones y servir de árbitro de la vida política.
b) Las Cortes Generales: son la representación del pueblo español, tiene el poder legislativo y la capacidad para crear y aprobar leyes. Se establece un sistema bicameral: el Congreso, con un número de parlamentarios que puede oscilar entre 300 y 400; y un Senado, con cuatro senadores por provincia, más los representantes elegidos por las asambleas autonómicas.
Las Cámaras se reúnen en dos períodos ordinarios de sesiones al año, y pueden funcionar en pleno y en comisiones (que pueden ser permanentes o extraordinarias, o de investigación). Les corresponde aprobar los proyectos de ley que salen del Consejo de Ministros, después se ratifican o no en el Senado (incluso se introducen modificaciones). Si no hay acuerdo entre las Cámaras, una comisión mixta decide y, tras su aprobación, se convierte en ley.
c) Gobierno y Administración. El gobierno dirige la política interior y exterior, así como la Administración civil y militar, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los ministros, elabora el programa político, lo expone al Congreso, lo impone a sus ministros y dirige su gestión.
El Gobierno responde solidariamente de su gestión y ha de presentar su dimisión al Rey si el Congreso aprueba una moción de censura a su gestión o le niega su confianza. Los ministros son responsables de su departamento y el Presidente de la política global.
Las relaciones del Gobierno y las Cámaras se basan en el principio de colaboración, y éstas pueden recabar información del Gobierno cuando lo precisen. La moción se puede plantear con el respaldo de una décima parte de los diputados, y siempre que se disponga de una candidatura alternativa. Para su aprobación se requiere mayoría absoluta de la cámara. Si ésta prospera, el Gobierno debe presentar su dimisión.
d) La Justicia. El poder judicial recae en manos de los jueces y magistrados, que son independientes y sometidos sólo al imperio de la Ley. La Ley Orgánica del Poder Judicial estructura el Consejo General del Poder Judicial. Destacan dos grandes órganos: el Tribunal Supremo, como órgano supremo de justicia; y el Tribunal Constitucional, cuya función es establecer si las leyes y otros actos se ajustan a la norma constitucional.
* Estado de las Autonomías
Se configura un Estado descentralizado, pero sin alcanzar la legalidad de un estado federal (aunque muchas autonomías poseen más atribuciones que muchos estados federales).
Los estatutos de autonomía se han generalizado para todas las nacionalidades y regiones españolas, a pesar de que la derecha era partidaria de mancomunidades por provincias o que los nacionalistas históricos pretendían que sólo deberían poseerlos ellos.
A pesar de la generalización autonómica, se mantiene cierta centralización.
El establecimiento de las autonomías históricas y la creación de los entes-preautonómicos fue el fruto de una sensibilización y de un deseo de ruptura clara con el régimen anterior, muy centralista. Esos entes correspondían a nacionalidades históricas de reinos medievales (Aragón, Valencia, Castilla), a las regiones insulares o de personalidad acusada (Andalucía, Extremadura). No se tenía en cuenta inicialmente a provincias como Logroño o Cantabria, que finalmente accedieron al autogobierno; u otros como León, partidarios de la diferenciación con Castilla.
La Ley para la Armonización del Proceso Autonómico fue obra de Martín Villa. La Constitución estableció dos vías para acceder a ella:
- Una rápida para las autonomías históricas y aquéllas que, como Andalucía, a través de un referéndum quisieran equiparse a las anteriores (art. 151).
- Una vía general, (art. 143) llamada vía lenta, a la que se acogió el resto. Supone techos de competencias más bajos y mayor tiempo para acceder a cotas de gobierno superiores. Algunas, como Canarias y Valencia, se equipararon a través de sus respectivos estatutos a las históricas.
En octubre de 1979 se aprobaron los Estatutos vasco y catalán. Pero después se ralentizó el proceso por causas económicas y políticas, hasta que culmina en febrero de 1983.
4.- EVOLUCIÓN POLÍTICA (1979-1982)
* Tras la aprobación de la Constitución, Adolfo Suárez disolvió las Cortes y convocó nuevas Elecciones Generales. Pasó la Transición y comenzaba la Etapa Democrática.
- En esas Elecciones, celebradas el 1-III-1979, UCD fue el partido ganador, pero perdiendo algo menos de un 1 % de su voto respecto a las anteriores. Mantuvo su implantación urbana.
- El PSOE ganó tres diputados, pero considerando que ya se había unido al PSP, sus resultados suponían una disminución. Paradojicamente, su voto creció en todas las autonomías menos en el País Vasco y en Andalucía.
- El PCE quedó casi igual y apenas creció un 1%, revelando que carecía de una implantación nacional, pues la mayor parte de sus escaños procedían de Andalucía y Cataluña.
- La Coalición Democrática, nombre con el que se presentó la derecha española, sufrió una pérdida del 2% de sus votos y sólo en Galicia obtuvo buenos resultados.
- Aumentó el voto regionalista en Andalucía y País Vasco, pero quedó similar en Cataluña.
* Sin embargo, en las Elecciones Municipales efectuadas al mes siguiente (3-IV-1979), los resultados deben comentarse: aunque a nivel general (número de concejales) también ganó UCD (con más del doble que el PSOE), en muchas de las ciudades triunfó la izquierda (gracias al pacto PSOE-PCE), caso de Madrid (gestionada por Tierno Galván) y Barcelona (con Narcís Serra).
Cambiando de tema, el terrorismo continuó con su ola de secuestros, muertes y heridos. A pesar de ello, los españoles de entonces se mostraban esperanzados ante el futuro.
4.1.- La caída de Suárez
El declive de Suárez coincide con el ascenso de Felipe González, líder del PSOE, que en el año 1979 celebraba su XXVIII Congreso para dilucidar si el marxismo debía de ser una de las directrices presentes en su base ideológica. Finalmente se retiró el término y sale elegido como líder Felipe González.
Las debilidades de UCD se basaban en la abundancia de líderes y en la escasez de ideas, lo que impedía solucionar compromisos como la enseñanza, el divorcio o el empleo. Además, la administración, la policía y los medios de comunicación públicos respiraban aún aires poco democráticos. En 1980 Suárez tuvo que cambiar de gobierno tres veces, y en mayo soportó una moción de censura: tras el debate, algunos parlamentarios abandonaron la UCD.
A causa de la aprobación de la Ley del Divorcio, defendida por Fernández Ordóñez, la crisis de UCD se hizo más fuerte; y las presiones militares fueron más insistentes ante los golpes del terrorismo. En enero de 1981, Suárez no aguantó la presión y dimitió; y, para evitar el vacío de poder, nombró a Leopoldo Calvo Sotelo como sustituto en la Presidencia del Gobierno.
4.2- El golpe de Estado del 23-F
Tras la dimisión de Suárez, el Rey visitó el País Vasco donde se produjeron disturbios por parte de diputados extremistas. Días después apareció asesinato un ingeniero, al que siguió el de un etarra. Mientras, los militares y la derecha anunciaban que la patria estaba en peligro, que sólo se podía conjurar mediante un golpe militar.
Fracasa la “Operación Galaxia”, siendo detenidos Tejero e Ynestrillas. Pero el primero lo intenta de nuevo el 23 de Febrero de 1981, al frente de 200 guardias civiles, secuestrando el Congreso de los Diputados cuando se producía la investidura del presidente Calvo Sotelo.
También intervienen otros militares, como el capitán general Milans del Bosch (en Valencia), el general Armada (al que muchos consideraban como la máxima autoridad militar…), etc. Pero la crisis termina con la presencia del Rey en TVE, vestido de uniforme militar, en defensa de la democracia e instando al ejército a retirarse a los cuarteles. Así salvó la situación.
Tras el fracaso no se exigieron responsabilidades a los militares que no eran oficiales, pero a los demás se les condenó a penas de reclusión.
4.3.- El gobierno de Calvo Sotelo
Fue el último gobierno de UCD. Las Cortes aprobaron la Ley del Divorcio, mientras el partido se desintegraba en facciones más pequeñas: CDS (nuevo partido de Suárez) y otros.
En octubre de este año 1981 las Cortes aprueban (con el voto en contra del PSOE y PCE) la entrada de España en la OTAN. Y avanzaron las negociaciones para entrar en la CEE.
En el aspecto social, la necesidad de agua por la sequía se convirtió en un grave problema. También se produjo la intoxicación masiva por aceite de colza, que provocó más de 500 muertos y más de 25.000 afectados.
Con su partido inmerso en una grave crisis, Calvo Sotelo no tuvo más remedio que convocar elecciones para el 28 de octubre de 1982, las cuales fueron ganadas por el PSOE.
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