LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA
La Dictadura de Primo de Rivera se enfrentaba desde 1928 a un desgaste evidente, viendo incluso erosionarse algunos de sus apoyos más fuertes, con la aparición de muestras de descontento dentro del Ejército, enfrentamientos con el Rey Alfonso XIII y crecientes problemas económicos. En enero de 1930 Primo decidió consultar sobre su continuidad a los demás capitanes generales del Ejército y ante la falta de entusiasmo de sus compañeros decidió dimitir y marcharse al exilio.
Alfonso XIII, que deseaba la caída de Primo, llama al General Berenguer (enemigo de Primo) para que ocupe el poder. El plan era restaurar la Constitución de 1876 y mediante elecciones libres volver a la normalidad (esto es, la vuelta a la monarquía liberal) y que de esta forma no se cuestionase la figura del Rey (quien aceptó en 1923 el golpe de Primo con entusiasmo); pues otra posible solución, que era abrir un periodo para redactar una nueva Constitución, conllevaba el peligro de que en las discusiones constitucionales los partidos de izquierda, abiertamente republicanos, y algunos de derecha, que censuraban públicamente la actuación del Rey en 1923, se pusiesen de acuerdo en la forma republicana del Estado.
La oposición republicana tenía desde hacía tiempo una envergadura considerable como demostraban la vuelta de los desórdenes anarquistas en Cataluña o la creación de una Agrupación al Servicio de la República por intelectuales como Ortega y Marañón, y sobre todo los acuerdos alcanzados en el llamado Pacto de San Sebastián, firmado en el verano de 1930 en esta ciudad (donde socialistas, republicanos y catalanistas acuerdan coordinar su lucha contra la Monarquía).
LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA
Como resultado del Pacto de San Sebastián se produce una rebelión (con golpe de estado militar incluido) de inspiración republicana, que aunque fracasa, demuestra los escasos apoyos con los que cuenta la monarquía, pues la opinión pública convirtió en mártires a los militares ejecutados por rebelión y en populares a los políticos republicanos encarcelados. Berenguer ofrece, ya a comienzos del año 1931, para apaciguar los ánimos, unas elecciones a Cortes, que fueron rechazadas por los republicanos, pues estos preferían antes unas elecciones municipales que permitiese la existencia de alcaldes (encargados por ley de controlar las elecciones y, por tanto, de su limpieza) democráticos. Ante este rechazo Berenguer dimite y el Rey nombra a Aznar nuevo presidente, quien convoca elecciones municipales para el día 12 de abril.
En estas elecciones, aunque los partidos monárquicos obtuvieron buenos resultados en zonas rurales y en las pequeñas ciudades, lo cierto es que en las grandes urbes, incluidas Madrid y Barcelona, la victoria republicana fue clarísima. El Rey recibió información precisa sobre la situación y, aunque algunos políticos cercanos le pidieron que resistiese, otros, ante la claridad de la derrota electoral y los mensajes que llegaban de parte del Ejército y de las fuerzas de orden público, poco dispuestos a enfrentarse a una oposición popular tan evidente, aconsejaron al Monarca que abandonase España. El 14 de abril se sucedieron los acontecimientos: el Rey abandona Madrid camino del exilio, el gobierno acuerda la cesión del poder a los republicanos y, por la tarde, se proclamó la República.
EL GOBIERNO PROVISIONAL
Proclamada la República se forma un Gobierno Provisional que pronto convocará unas elecciones a Cortes constituyentes, pero antes de que estas se celebren, el gobierno (cuyo poder se verá luego confirmado en las elecciones) pondrá en marcha una serie de decretos que revelarán las intenciones políticas de quienes (el partido Izquierda Republicana de Manuel Azaña, y el PSOE) formaban el núcleo ideológico de los republicanos.
Estos grupos consideran que España necesita unas reformas urgentes para liberarse de las ataduras que impiden su progreso como son reducir el poder de la Iglesia que entorpece las mejoras educativas e intelectuales, o también controlar al Ejército, que se entromete en el desarrollo de la vida democrática, tarea de la que se ocupará Azaña reduciendo el número de oficiales y buscando asegurar que quienes permaneciesen en el Ejército fueran fieles al nuevo régimen.
No menos importancia se daba a lo que se consideraba un injusto reparto de la riqueza, sobre todo en el mundo rural a causa de la existencia del latifundismo, que mantiene a gran parte de la población en un estado de miseria hereditario, por lo que el gobierno, principalmente a través de Largo Caballero, miembro del PSOE y ministro de Trabajo, sacará adelante decretos que pretenden mejorar la calidad de vida de trabajadores agrarios e industriales.
Por último, el llamado problema nacionalista que se intenta resolver con la promesa de autonomía para Cataluña, compone junto con los asuntos militar, religioso y económico, el cuadro de problemas que marcarán la historia de la República, incluido su dramático final. En las elecciones de junio de 1931 la victoria de las fuerzas de izquierda confirmaba un periodo de intensos cambios.
LA CONSTITUCION DE 1931
Las Cortes elegidas en junio de 1931 se pusieron inmediatamente a la elaboración de una Constitución. Se trata de una Constitución que reconoce de una manera amplia los derechos y libertades individuales característicos de una Constitución Liberal (incluido el derecho a la propiedad privada), aunque como novedad, incluye compromisos sociales, por los cuales el estado debe proporcionar los medios que garanticen un acceso general a la educación, la sanidad o la vivienda, que prefiguran lo que después de la Segunda Guerra Mundial se denominará en Europa el “Estado del Bienestar”.
Las Cortes serán unicamerales, elegidas por sufragio universal. La Constitución recogerá la igualdad legal de hombres y mujeres, que hará posible, por ejemplo, que éstas puedan votar en las elecciones de 1933.
La Constitución votada por diputados mayoritariamente de izquierdas incluirá aspectos polémicos como fueron el reconocimiento del derecho a la autonomía para las regiones que lo soliciten, la posibilidad de que el estado pueda expropiar posesiones particulares en nombre del bienestar social lo que hará posible el desarrollo de una reforma agraria en España y, quizás el asunto más controvertido, la Constitución de 1931 establecía en su artículo 3º que “El estado español no tiene religión oficial”, terminando además con el presupuesto estatal para el clero y prohibiendo ejercer la enseñanza en instituciones controladas por religiosos. El marcado laicismo del nuevo régimen creará controversia, pues los partidos de derecha utilizarán también la religión (prometiendo la derogación de esos artículos constitucionales) como forma de conseguir apoyos sociales.
EL GOBIERNO DE IZQUIERDAS
La figura clave de este periodo será Manuel Azaña, líder de Acción Republicana, quien al frente de un gobierno de izquierdas que contaba con el apoyo de los diputados del PSOE en las Cortes, dirigirá el proyecto de reformas republicano.
Entre estas reformas se encontraba la reforma militar, que pretendía disminuir el exceso de oficiales que creaba problemas al estado para pagar los sueldos, y entre los propios militares ante la dificultad para ascender. Azaña aprovechó la “jubilación” masiva de oficiales para intentar limpiar el ejército de personajes sospechosos de deslealtad con la República.
La reforma más ambiciosa en el terreno económico fue la Reforma Agraria que pretendía el reparto de tierras entre los cientos de miles de jornaleros que malvivían sobre todo en la mitad sur de España. La Ley de Reforma Agraria de 1932 se basaba en la existencia de enormes propiedades (latifundios) mal explotadas o sin explotar, tierras que el I.R.A. (Instituto de Reforma Agraria) expropiaría y se encargaría del reparto e instalación de jornaleros en ellas.
La Reforma tuvo un éxito muy limitado, pues contó con la oposición de los grandes propietarios que hicieron muy lenta su aplicación, lo que unido a la escasez de presupuesto, condujo a que el número de campesinos que había obtenido tierra tras más de un año de aplicación de la ley fuese tan pequeño que hizo crecer la indignación y surgir incidentes como los de Castilblanco en Badajoz o los de Casas Viejas en Cádiz, protagonizados por jornaleros movilizados por sindicatos de izquierda, principalmente anarquistas.
REFORMAS Y TENSIONES
Los gobiernos izquierdistas del bienio 1931-1933 sacaron adelante otras leyes que, como la de la Reforma Agraria, crearon inquietud en parte de la sociedad española. En este contexto la pretensión de establecer una radical separación entre la Iglesia y el Estado será un empeño de las izquierdas que provocó en los grupos de derecha y la Iglesia, que ya habían recibido mal ciertos artículos constitucionales, una radical oposición cuando se aprueben leyes como la del matrimonio civil o la que legalizó el divorcio. Además ya durante los primeros meses de la República habían comenzado actos de violencia anticlerical con la quema de edificios religiosos. Las cuestiones religiosas estarán presentes en las elecciones de 1933 como elemento divisor de los españoles.
Los gobiernos presididos por Azaña también llevaron adelante unas ambiciosas reformas educativas que pretendían terminar con el analfabetismo, principalmente mediante la construcción de miles de escuelas y la mejora de la formación del profesorado. La pretensión de que fuese una educación laica condujo a un nuevo enfrentamiento con la Iglesia católica.
También debe destacarse la política autonómica de estos gobiernos que concedieron la autonomía a Cataluña, mediante un estatuto que primero fue votado por los catalanes y luego aprobado en las Cortes. Cataluña sigue formando parte de España, pero el estatuto le proporciona numerosas competencias y legaliza el uso del idioma o la bandera catalana. La política autonómica sirvió también para crear tensiones con ciertos partidos de derecha y altos oficiales del ejército que pensaban que era un primer paso para destruir la unidad de España.
LA CRISIS DE LA IZQUIERDA
Los intentos de reformas que se plasmaron en leyes que buscaban el control civil de las Fuerzas Armadas, la separación de la iglesia y el estado, acabar con el analfabetismo y resolver el problema nacionalista, tuvieron un alto coste para los gobiernos de izquierdas.
La ambición de las reformas y, en ocasiones, la falta de tacto al aplicarlas, condujo a un crecimiento de la oposición. Si por la izquierda, anarquistas y socialistas, criticaban la lentitud y escasez de las reformas, por la derecha se criticaba justo lo contrario. Los incidentes en el campo (en especial el de Casas Viejas) hicieron crecer el desprestigio de Azaña y su gobierno. Desde posiciones derechistas se gestó el golpe de estado del general Sanjurjo en 1932 como reacción contra las reformas.
Los gobiernos de Azaña contarán a lo largo del bienio 1931-1933 con la oposición por la izquierda de quienes les consideran unos burgueses moderados (la CNT o los comunistas) y quienes consideran que han ido demasiado lejos como buena parte de la derecha alarmada por el tinte anticlerical de la política de esos años y por las reformas económicas que temían que estos gobiernos pusieran en marcha.
Las izquierdas promoverán el desorden social con la convocatoria de numerosas huelgas y altercados, mientras que la derecha se reorganizará políticamente por medio de una coalición, la CEDA, que proponía la derogación de las principales reformas efectuadas por las izquierdas.
Azaña se vio obligado a convocar elecciones, en las que la izquierda en general y su partido en particular obtendrán un mal resultado.
EL GOBIERNO DE CENTRO DERECHA
Las elecciones de noviembre de 1933 fueron ganadas por el centro y la derecha. El mejor resultado lo obtuvo una coalición de fuerzas de derechas, la CEDA, cuyo programa electoral defendía la catolicidad de España y prometía desmontar las reformas izquierdistas.
Alcalá-Zamora, presidente de la República, llamó a formar gobierno a Lerroux, líder del partido Radical (de ideología republicana, y en origen anticlerical, pero que ante el desprecio de socialistas y azañistas, se desplaza ideológicamente hacia la colaboración con la derecha); gobierno que se sostiene gracias al apoyo de los diputados de la CEDA.
Aunque la CEDA parecía tener como objetivo deshacer las reformas izquierdistas, lo cierto es que finalmente no reformó la Constitución y respetó en gran medida lo realizado en el ámbito militar y educativo. Sí cumplió sus promesas al paralizar la reforma agraria (se devolvieron incluso tierras a sus antiguos propietarios) y devolver a la Iglesia sus privilegios perdidos.
Algunas de estas medidas crearon malestar entre las fuerzas de izquierda, pero para entender los acontecimientos posteriores es necesario conocer sucesos internacionales como lo que supuso la llegada al poder de Hitler en Alemania, cuyo partido ganó legalmente las elecciones, pero que una vez instalado en el poder puso en marcha una legislación que supuso el fin del sistema democrático en Alemania y el inicio de la aniquilación física de sus opositores. Pronto las fuerzas de izquierdas acusaron a la CEDA de ser los nazis españoles, lo que utilizarán como excusa para plantear la conquista del poder mediante una revolución.
LA REVOLUCIÓN DE 1934
La tensión subió cuando en 1934 entraron en el gobierno los primeros ministros de la CEDA (hasta entonces este partido se limitó a prestar apoyo parlamentario a los radicales). En Cataluña, Companys, presidente de la Generalitat, proclamó la República Catalana en el convencimiento de que la situación giraría mediante una revolución a la instauración en España de una República Federal.
El gobierno de Madrid por medio del ejército controló la situación catalana y encarceló al gobierno de la Generalitat y dejó en suspenso la autonomía.
Mientras tanto se convocó en toda España una revolución general contra el gobierno, revuelta que en Asturias, la UGT y la CNT superando sus diferencias, plantean conjuntamente (en el resto de España no se da esta colaboración y el fracaso de la convocatoria es casi total) a la que se añadirán los comunistas, lo que durante varios días dará el control de los valles mineros a una pretendida República Socialista que formará una potente milicia. Sólo con la llegada de tropas procedentes de Marruecos, y por medio de enfrentamientos que producirán cientos de muertos, en su gran mayoría mineros, pero también varias decenas de soldados, lo que habla de la dureza del combate; se controló finalmente la situación.
A pesar de la derrota, el movimiento obrero salió fortalecido: la revolución de Asturias “demostró” que la unión de las fuerzas obreras podría llevar al triunfo de la revolución.
Por su parte, el gobierno de la CEDA se sintió fortalecido y prosiguió desmontando reformas del gobierno anterior: retroceso de las inversiones en educación, fin del salario mínimo…
LA CRISIS DE LA DERECHA
Tras la Revolución de Asturias, y aunque algunos miembros del gobierno eran conscientes de que eran necesarias algunas reformas, el gobierno se aplicó en su política de contrarreformas, e incluso parte de la derecha acusaba al gobierno de cobardía por no haberse puesto a la cabeza un gobierno militar (una dictadura de orden) tras sofocar la revolución de Asturias y así acabar con la “amenaza comunista”.
La situación se complica cuando uno de los dos pilares del gobierno (el partido Radical) se ve salpicado por varios casos de corrupción. Con ello la coalición se debilitaba y se iba camino de unas nuevas elecciones.
En un contexto marcado por la derrota de la revolución de Asturias (con numerosos obreros encarcelados), la caída de la autonomía catalana y el convencimiento de que la izquierda fue derrotada en las elecciones de 1933 por su desunión, es comprensible que en los últimos meses de 1935 los líderes de centro-izquierda creen el llamado Frente Popular (agrupación de partidos republicanos de izquierda, socialistas, la Esquerra catalana, el PCE, e incluso la CNT, que por coherencia no podía presentarse a ninguna elección, parecía que podría prestar una colaboración más o menos pasiva) que aspira a ganar las elecciones frente a una derecha dividida. Como factor que colaboraba a la unión de las izquierdas estaba la amenaza del fascismo, algo más que un rumor ya en muchos países europeos. El programa del Frente Popular era poco más que la promesa de volver a poner en marcha las reformas que la derecha había frenado o suprimido.
EL FRENTE POPULAR
En las elecciones de febrero de 1936 venció el Frente Popular que colocó inicialmente sólo a ministros republicanos (ninguno socialista) con Azaña como presidente del gobierno. El proyecto era restablecer plenamente la Constitución de 1931 y derogar las leyes contrarreformistas de los gobiernos radical-cedistas.
En los primeros meses del año 1936 se vivió un clima de violencia: huelgas, tiroteos callejeros entre miembros de partidos rivales, ocupaciones de fincas… La división era evidente entre las izquierdas, con anarquistas y ugetistas enfrentados, e incluso dentro del PSOE se distinguen dos corrientes, la liderada por Prieto que piensa participar en el gobierno, y la liderada por Largo Caballero que desea unirse a comunistas y anarquistas en futuros proyectos revolucionarios.
Lo cierto es que la República, como régimen democrático, está amenazada porque una parte de la izquierda piensa en proyectos revolucionarios, pues se cree en un inminente golpe fascista, mientras que en la derecha abundan quienes anuncian que la lucha por el poder se conseguirá con las armas, que servirán para acabar con un gobierno que “gobierna contra España”.
En este contexto, aunque Azaña confiaba en la pacificación que supondría la reactivación de las reformas (autonomía para el País Vasco, profundización de la Reforma Agraria, alejamiento de varios generales potencialmente peligrosos, como Franco, que es enviado a Canarias...), las luchas internas de las fuerzas de izquierda y la oposición frontal de fuerzas de derecha como la Falange, que esperaban un levantamiento militar dispuesto a acabar con la República, indicaban que España no se conducía por los caminos de la paz.
LA CONSPIRACIÓN MILITAR
La conspiración contra la República por parte de militares de ideología monárquica y conservadora no fue algo que surgiese en 1936, sino que ya en 1932 se produjo un pronunciamiento dirigido por el general Sanjurjo. A pesar del fracaso de este golpe, cuando la izquierda del Frente Popular consiguió el poder, se retomaron proyectos de conspiración militar.
Al margen de los apoyos civiles conocidos, la conspiración estaba dirigida por Sanjurjo, el general Emilio Mola, considerado por los historiadores como el cerebro de la operación, y el general Francisco Franco, importante por haber sido Jefe del Estado Mayor durante el gobierno de la derecha y por su prestigio e influencia sobre las tropas españolas en Marruecos.
El clima de violencia que padeció España en el año 1936 con ocupaciones de fincas en el sur de España, huelgas y altercados políticos, incluidos decenas de muertos a manos de pistoleros falangistas y anarquistas, alimentaba los planes golpistas.
El asesinato el 12 de julio de un oficial de la Guardia de Asalto por un grupo de falangistas fue respondido por algunos miembros de este cuerpo con el asesinato de Calvo Sotelo, líder de un partido derechista. Este último crimen puso en marcha la conspiración: un avión trasladaría a Franco desde Canarias (donde lo había confinado el gobierno al considerarlo sospechoso) a Marruecos para ponerse al frente de las tropas africanas. Los pronunciamientos deberían ser simultáneos en todas las capitales de provincias: su fracaso en algunas de las más importantes ciudades españolas transformará un golpe de estado en una larga guerra civil.
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